El miércoles 22 de agosto es la fecha en la que habrá sesión en la Cámara de Senadores y se aprobará sin discusión alguna la autonomía porteña que permitiría a la Capital contar con su Policía propia, aunque no se le transferirán los fondos para mantenerla. La media sanción se aprobó en la Cámara de Diputados dos semanas atrás donde el macrismo aceptó la reforma al artículo 7 de la Ley Cafiero-que limita la autonomía porteña- sin la transferencia correspondiente de los 900 millones de pesos.
El jefe de Gabinete afirmó que:”Se aprobó lo que habían acordado Macri y Kirchner”, en referencia a la reunión que mantuvieron el 27 de junio pasado el jefe de gobierno electo y el Presidente en la Casa Rosada, y agregó: “el tema de los fondos se debatirá en otro momento porque están las provincias de por medio”.
El problema del traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño o si ampliamos el espectro, el inconveniente eterno de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires data por lo menos desde 1994 cuando el 22 de agosto, mismo día en que se aprobará una nueva reforma pero 13 años después, se jura la Constitución Nacional que da libertad a la ciudad y desde allí comienza la pelea por la gestión de los recursos.
Un año después, se sanciona la Ley 24.588, impulsada por el entonces senador bonaerense Antonio Cafiero, que limitó ciertos alcances de la autonomía porteña. Por un lado, le impidió manejar la policía que siguió a cargo del Ministerio del Interior en su artículo 7, incluyó a la Justicia ya que sólo en la Capital rigen los tribunales contravencionales, restringió el manejo del puerto, del Registro de la Propiedad Inmueble y la regulación del transporte y los servicios públicos.
La polémica ley sancionada por el Congreso en 1995, intentaba proteger los intereses del gobierno nacional en territorio porteño. Siempre su mayor escollo fue el tema económico. El artículo 75 inciso 2 de la Constitución nacional plantea que la transferencia de competencias, servicios o funciones a una provincia o a la Capital debe realizarse con su respectiva reasignación de recursos, pero el oficialismo desde la década del 90 hasta acá siempre tuvo una alternativa para no traspasar el dinero.
El 6 de agosto de 1996, asume Fernando De la Rúa como primer jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reclamaba la transferencia de la Policía Federal, cuando asume como Presidente en 1999, deja a cargo a su vicejefe, Enrique Olivera, a quien no le cederá el control de la misma. Lo mismo le ocurre al actual legislador porteño Aníbal Ibarra.
Luego del incendio del boliche Cromagnon, Ibarra reclama nuevamente al ministerio del Interior el control de la seguridad pero Aníbal Fernández se lo niega. Así llegamos a mayo de este año, los tres candidatos a la jefatura porteña, Filmus, Telerman y Macri prometen y requieren el traspaso de la policía a la Capital.
El electo jefe de gobierno del PRO, visita a Néstor Kirchner en la Casa Rosada el 27 de junio pasado para discutir de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el presidente le promete que modificarán la Ley Cafiero. Desde ese día, el debate no cesa entre el oficialismo y la oposición.
Por un lado, los kircheristas con mayoría en ambas cámaras, dijeron que: «Si las provincias se hacen cargo de sus propios servicios, entre ellos la policía, entonces la Capital no debiera ser diferente”.
Por otro lado, los macristas insisten en que el traspaso se debería hacer con los fondos correspondientes: «Este argumento es faltarle el respeto a la gente y tomar por tontos a los gobernadores. Actualmente la Nación cede los 900 millones para financiar la seguridad porteña; nada se les quitaría a las provincias”.Fuentes cercanas a ambos partidos asumen que Macri tendrá que llevar el debate fuera del Congreso y negociar con el Poder Ejecutivo.
Por Nicolas Resco
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